¿Qué hacer?
Para solucionar cualquiera de los problemas que afectan a la sociedad
en la que nos desenvolvemos y evitar que se eternicen, o lleguen a ser
irresolubles, lo primero que hay que hacer es identificarlos,
para así, además de intentar arreglarlos, poder reducir al máximo sus efectos
negativos, o los sufrimientos que producen en las personas.
El consenso que, después de la segunda
guerra mundial, se alcanzó en gran parte de los países occidentales y que condujo al Estado de Bienestar y a salvar, tanto la libertad, como los sistemas democráticos; se viene rompiendo desde hace algún
tiempo con propuestas y políticas neoliberales que siguen conduciendo a un injusto
incremento de las desigualdades, produciendo malestar ciudadano, multiplicando
carencias personales y provocando unas insoportables fracturas sociales, con crecientes
frustraciones, intolerables sufrimientos y
a la puesta en cuestión de nuestros modelos políticos y sus actuales bases
institucionales.
Las opacidades y los fallos del sistema
han posibilitado corruptelas, abusos, desviaciones e ineficiencias que, además,
han estado condicionados por una determinada
estructura del poder y sus complicidades intelectuales, junto a la codicia desmedida e
irresponsable de los actores económicos más poderosos. Poderes que han querido, y siguen pretendiendo, maximizar sus beneficios y riquezas a base de aminorar costes,
prescindiendo de los necesarios criterios de equidad, o del razonable e imprescindible equilibrio. Por otra parte, las desigualdades,
la asimetría social y la exclusión a la que conduce el paro, con las patologías
que éste genera, amenazan desde hace algún tiempo con hacerse cada vez más difíciles,
peligrosas y explosivas.
El paro, junto con la precarización de
las condiciones laborales generales y
el aumento de trabajadores que tienen unos ingresos con los que no superan
el nivel de la pobreza, están generando
una crisis social, económica, política y cultural que incide en cada vez más
personas, con un evidente deterioro de
los niveles de vida de muchos ciudadanos, provocando una movilidad social descendente, que ya afecta a
amplios sectores de las clases media y trabajadora, de los jóvenes y de las mujeres.
Si persiste la deriva actual, o si, a medio plazo,
siguen empeorando las condiciones y continúan aumentando las situaciones de
carencia, se puede llegar a hacer
inviable cualquier sistema en el
que amplios sectores sociales puedan tener asegurado un modo de vida digno y razonable.
Muchos
ciudadanos se preguntan: ¿qué es lo que no funciona; por qué está sucediendo
todo esto; o por qué lo que quiere la mayoría de la gente no se consigue en
este sistema, que creemos democrático, cuando lo que deseamos y necesitamos la
mayoría son ordenamientos y modelos políticos e institucionales más humanos,
más transparentes y más justos?.
O se
actualizan, completan, perfeccionan y reforman los mecanismos de nuestro
sistema democrático y de su entramado político e institucional, para que así pueda dar respuesta a los
problemas de las personas y a las
aspiraciones de la mayoría social, o la
protesta, el malestar, la
radicalización y la desafección generarán
situaciones que pueden llegar a ser alarmantes.
Como todos, el poder económico, que ejercen personas a las que nadie vota,
ha de estar regulado y debe someterse a la Democracia que se legitima en
los procesos electorales. Democracia que
no puede permitir que la desregulación, que siempre han pretendido los que no necesitan de la política porque
ellos mismos se bastan para administrar sus intereses, incremente la desigualdad y el abuso del fuerte sobre el débil.
En situaciones
como las actuales, cuando sufrimos la peor crisis económica internacional desde
1929, cuando los altos niveles de desempleo han provocado el empobrecimiento de
amplios sectores profesionales y laborales, y se produce el mayor descrédito de
la política en nuestro país, desde el año 1977; es cuando más necesitamos de la
política; cuando debemos reivindicar la
acción y el cambio necesario frente al inmovilismo; cuando debemos exigir la buena política fundada en valores y en
el comportamiento ético, frente al pragmatismo ciego y egoísta. Una
política que ha de organizar el espacio
público que compartimos haciendo
frente, tanto a la ley del más fuerte, como a la resignación.
El Estado-Nación ha perdido peso y esta
sobrepasado por las macro-empresas transnacionales que imponen sus propios intereses
sobre el interés general, limitan o impiden claramente un modelo equilibrado
de convivencia, hacen incompatible el crecimiento con la protección del
ecosistema, el reparto equitativo de la riqueza y el respeto a los derechos
humanos en todo el mundo.
La movilidad
de capitales sin control, la desregulación, deslocalización, rebaja de
impuestos, paraísos fiscales, determinados incentivos a la inversión, reducción
de servicios sociales, precarización laboral, reaparición de la exclusión y la
marginación, hambre y miseria en el tercer mundo, tienen que ver con la
aplicación estricta de una doctrina que exige la ausencia total de regulación de las fuerzas del libre mercado, y
que tiene como consecuencia que muchas
personas pierdan su libertad. Por estas razones es urgente y necesaria una Política con leyes que protejan a los más
débiles.
El duro capitalismo sin regulación y control,
cuando ha logrado ser hegemónico gracias a las políticas neoconservadoras, ha vuelto a retomar su cara más, cruel, codiciosa,
depredadora e insaciable, precarizando el trabajo y rebajando la protección
social y los servicios públicos, también en los países desarrollados.
Dándonos
cuenta de estas cosas podremos estar
atentos y evitar que se promueva la polarización política y social, se ofrezcan
soluciones simples a problemas complejos, o se pretenda explotar
electoralmente el hartazgo y el enfado de la ciudadanía, sin plantear propuestas políticas
realizables o alternativas creíbles.
Nos conviene detectar eventuales manipulaciones
interesadas que sin bagaje que hayamos tenido la oportunidad de conocer o
contrastar, pretenden ser defensores exclusivos de la educación, la sanidad
pública y los servicios sociales cuya salvaguarda muchos compartimos y
reivindicamos. Posiciones que sugieren
o afirman, descalificándola, que la transición no ha traído nada bueno
y que nuestra sociedad y los gobiernos de más de treinta años, que han propiciado el (aún manifiestamente mejorable) Estado de Bienestar en España, y han superado situaciones dramáticamente
adversas de falta de libertad y de democracia en nuestro país, no han mejorado la sanidad, la educación, los
servicios sociales y asistenciales, los indicadores económicos, los incrementos
del PIB, o no han consolidado avances en
derechos y libertades sociales y ciudadanas, y corregido índices de todo
tipo que nos distanciaban de los parámetros de bienestar de otros países de
nuestro entorno.
O que nieguen los logros alcanzados gracias a la integración en Europa y
la creación de un mercado único; Unión
Europea que evidentemente también
es necesario transformar escuchando a
los ciudadanos que desean otra Europa
y cuestionan, con toda razón, que el proceso de integración se base
exclusivamente en la integración en
el ámbito económico y no se complete la
Europa Social.
Tanto los responsables de las políticas conservadoras y austericidas que han conducido a la situación
actual, como los que interesadamente
intentan conectar con la desesperación para rentabilizarla electoralmente y se
limitan a descalificar, pueden poner en
riesgo la armonía y la paz social,
o generar unas condiciones desfavorables, complicadas y cada vez más difíciles
para el mantenimiento y el desarrollo de la democracia y de las libertades, imprescindibles para superar los problemas
que afectan a la mayoría de los ciudadanos de este país.
Considerando
que la falta de equilibrios sociológicos tiene como resultado la erosión y la
desconfianza política, las opciones que en
el futuro quieran contar con el apoyo de la ciudadanía tendrán que analizar las
actuales condiciones económicas, políticas y sociales y a partir de ellas dar respuesta a los nuevos problemas de desigualdad
y exclusión social, priorizándolos en sus agendas y en la formulación de sus programas de reformas.
Y
lo podrán hacer cabalmente, evitando que lo que se les quita a los
pobres vaya a parar a manos de los ricos, y resolviendo una de las paradojas de nuestra época en la que el importante grado de desarrollo económico y tecnológico
no va acompañado del correspondiente grado de desarrollo social y de
redistribución de la riqueza. Será posible hacerlo si se apoyan, además de en lo aprendido o en la experiencia, en la nueva conciencia crítica que pide
alternativas capaces de canalizar adecuadamente
el necesario reformismo social e implicando activamente en su seno a los sectores sociales que en mayor
grado están padeciendo las contradicciones, las carencias y los
problemas del actual ciclo económico y social.
Será posible
hacerlo con nuevos enfoques
internacionalistas orientados a buscar alternativas
globales a los problemas globales de nuestro tiempo, propiciando políticas
eficaces de cooperación internacional
que garanticen una mejor y más equilibrada distribución de las riquezas y de
las oportunidades a nivel mundial. Hará falta una hoja de ruta reequilibradora, democratizadora e internacionalista,
con propuestas programáticas y
compromisos que puedan ser conocidos y evaluados por toda la ciudadanía,
por ti y por mí.
Para ello contamos con jóvenes formados y llenos de energía; con ciudadanos cargados de experiencia y madurez; con más recursos tecnológicos y con una sociedad abierta donde las cuestiones públicas pueden
debatirse y acometerse con criterios
de racionalidad y de mayor
corresponsabilidad. Las cosas las
podremos hacer mejor y de manera más democrática, si todos, sin exclusiones y descalificaciones apriorísticas o interesadas, recuperamos la confianza en, y entre,
nosotros mismos, y en las instituciones de las que nos hemos dotado y que irremediablemente hemos de modernizar; y si todos nos
implicamos y somos más exigentes con los controles y con la ética de quienes
pretendan representarnos.
