La ruptura del pacto constitucional en educación
Muchas personas relacionadas con el mundo educativo consideran
que, además de la respuesta a la diversidad del alumnado y la inclusión, la creación
de los centros públicos de enseñanza que se construyeron en España durante
los últimos treinta años, son el
resultado de una ordenada aplicación del artículo 27 de la
Constitución y, consecuentemente,
del derecho a la educación que, al menos hasta la promulgación de
la última ley orgánica en materia educativa, ha convivido pacíficamente con la libertad de enseñanza.
La convivencia de estos principios se ha
mantenido, hasta el momento, gracias
a las aportaciones, a la flexibilidad y
también a las renuncias, tanto de sectores
conservadores, como de ámbitos progresistas que, con generosidad y visión
de futuro, lograron importantes acuerdos
que, en lo sustancial, han sido respetados,
desde el pacto constitucional del 78,
hasta el año 2013. (Constitución del
78 que no votó afirmativamente la opción política que dio origen al partido que
actualmente, y con mayoría absoluta, gobierna nuestro país).
Pacto constitucional del 78 que ha permitido consolidar una legislación
educativa con los principios de: igualdad de oportunidades; atención a la diversidad; escuela inclusiva; al tiempo que
también ha permitido avalar la función
compensadora de la educación que, como servicio público que es, debe
garantizar que nadie se quede atrás por razones económicas, sociales o culturales.
Exceptuando la,
presuntuosamente denominada por sus promotores, Ley de Calidad (LOCE) y la reciente LOMCE, la
mayoría de las leyes orgánicas educativas
de nuestro país siempre fueron negociadas
y consensuadas con las Comunidades Autónomas, con la mayoría de los grupos
parlamentarios y con la comunidad educativa, convirtiéndose así en leyes de Estado con una amplia acogida y
logrando que sus principales propuestas, con el posterior desarrollo normativo
y sus necesarias y sucesivas actualizaciones, se hayan mantenido vigentes hasta
2013.
Con la salvedad de las citadas LOCE y
LOMCE, el resto de las consensuadas y extensamente debatidas leyes orgánicas educativas, fueron ampliamente apoyadas en las
Cortes Generales por la mayoría de los grupos
parlamentarios. (Que en la práctica, sólo contaron con el voto en contra del
partido que actualmente dirige la Administración Central y alguna otra opción
minoritaria de su periferia, o su mismo perfil ideológico).
Conviene recordar que antes de 1978, cuando los países de nuestro entorno invertían
entre el 4.9 y el 5.9 % de su Producto Interior Bruto en educación, España apenas dedicaba el 3 % de su PIB a la enseñanza y
a estas penurias, por la falta de
financiación educativa durante los años predemocráticos, se añadían a nuestro sistema otros
lastres de carácter ideológico y
pedagógico.
De ahí que el esfuerzo y el recorrido
educativo que España ha tenido que hacer en algo más de 30 años, haya sido semejante
al realizado por otros países de nuestro ámbito económico y geográfico a lo
largo de todo el siglo XX. Llegando a
alcanzar en el año 2010, ya
inmersos en la actual crisis económica, una
inversión en educación del 5.04 % del PIB.
Esfuerzos e inversión que actualmente está dilapidando un equipo ministerial ajeno a las necesidades de la enseñanza
y alejado de los ámbitos educativos, con los duros ajustes que, desde hace
varios años, viene aplicando en el sistema. Recortes que a raíz de lo
comprometido por el Gobierno en el Plan Nacional de Reformas, puede conducir a que el gasto en la
enseñanza de nuestro país el año 2015 se reduzca hasta el 3.9 % del PIB.
Equipo ministerial que está atacando a la enseñanza pública:
a) además de con recortes drásticos en financiación y profesorado;
b) con la ruptura, tanto del pacto constitucional educativo, como del
consenso que se había mantenido hasta el momento en torno al referido artículo
27 de la CE;
d) propiciando una educación segregada por sexos;
e) provocando el alejamiento de padres, profesores y alumnos de la escuela
limitando su intervención en la misma, mediante la reducción de los cometidos,
que hasta el momento tenían en la vida y el funcionamiento de nuestros centros educativos
los Consejos Escolares;
f) con las modificaciones de la LOMCE
respecto a la enseñanza de la religión que
hará media para la obtención de becas; la
selección del alumnado; o la
separación por itinerarios.
g) con una concepción mercantilista de la educación en la que los estudiantes y sus familias, de ser titulares de derechos, pasan a ser consumidores de un producto
sometido a las leyes de la oferta y la demanda, poniendo en riesgo un
desarrollo educativo y social equilibrado.
Quizá es el momento de volver a releer el artículo 27 de la CE, (enmarcado en la Sección 1ª De los
derechos fundamentales y de las libertades públicas), para posteriormente demandar a nuestros representantes un pacto semejante
al que lograron alcanzar hace algo más de tres décadas.
Por Orlando Suárez Curbelo
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